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El papel del ombudsman frente a la migración y la trata de personas


Incidencia directa en las políticas públicas, gestionar mayor presupuesto para la asistencia de las víctimas y crear conciencia social, son algunas de las acciones planteadas por los Defensores del Pueblo de  Ecuador, Perú y España para enfrentar el tráfico de migrantes y la trata de personas.

Bogotá, Mayo 13  de 2015. - El trabajo, experiencia y responsabilidad de los defensores del pueblo de frente a estos delitos, fue el tema del IV panel que abrió la segunda jornada de la Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas, este miércoles en el Hotel Tequendama de Bogotá.


Haciendo énfasis en la importancia de materializar la incidencia del ombudsman en las políticas públicas, Patricio Benalcázar, Adjunto de los Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, enfocó su ponencia en el papel del ombudsman frente a la migración y trata de personas, bajo la moderación de Iris Miriam Ruiz Class, Procuradora del Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Coordinadora General de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas.


“Hay normas, pero dónde está el dinero, dónde están los programas, dónde está el personal, dónde está el enfoque que nos permite materializar nuestras acciones”, señaló Benalcázar al aclarar que no se trata solamente de crear políticas y normas, sino de establecer y administrar los recursos destinados a la protección de los derechos de las víctimas, ya que a su juicio constituye una de las tareas imprescindibles del ombudsman para la consolidación de un Estado de derecho.


El experto ecuatoriano dijo que el suyo es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, donde según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 66% de las víctimas son mujeres y el 13% niñas y 9% niños, siendo la explotación sexual, la mendicidad y el reclutamiento ilícito por parte de organizaciones delictivas, las modalidades  más recurrentes.


Por esta razón –subrayó- se deben establecer estrategias, tanto nacionales como regionales, que atiendan los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en los distintos tratados, como los Principios de París, por ejemplo.


Por su parte, Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero de la Defensoría del Pueblo de España, afirmó que la trata de personas y la migración son fenómenos sociales de los cuales no está exento ningún país, y que además son alimentados por mercados que le ponen precio a los seres humanos. Agregó que por eso, existe una necesidad urgente para humanizar las acciones de prevención frente a estos delitos transnacionales.
Para José Julio Fernández Rodríguez, Defensor del Pueblo de Galicia, los ombudsman deben mostrar una total intolerancia frente a estas conductas  que en pleno siglo XXI rebajan a las personas a la condición de mercancías.


Señaló además que los ombudsman deben denunciar estos delitos y extrapolar a los medios de comunicación  todo el trabajo que se hace desde las entidades a su cargo para así, además de visibilizar estas problemáticas, incidir en las agendas públicas y en los mecanismos de cooperación internacional.
Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo de Perú, enfatizó en que la trata afecta lo más valioso que tienen las víctimas como son su libertad y su dignidad. Recordó que el tema de la cooperación internacional debe ir de la mano con el sistema jurídico de cada país.


Advirtió que para superar escenarios como las penas irrisorias para los responsables, la ausencia de medidas de protección a las víctimas y la omisión de agravantes cuando los afectados son niños, niñas y adolescentes, se requiere mayor rigor en la aplicación de justicia, la aprobación de fondos especiales para asistir a las víctimas, la consolidación de un sistema estadístico único, y la definición de protocolos conjuntos, para enfrentar la trata de personas y el tráfico de migrantes desde una perspectiva global, unificada y con la participación activa de las Defensorías del Pueblo para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.