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Palabras del Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora G.

Buenos días.

Un saludo especial para todos y todas.

Me complace dar la bienvenida a cada una de las delegaciones que hoy nos acompañan en la celebración de la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de personas. convocada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman – FIO.

Sea esta la oportunidad para agradecer a la FIO por la especial atención que le ha prestado a la situación de derechos humanos en nuestro país, y en particular, por el pronunciamiento realizado en el mes de abril del 2013 en el que expresó su solidaridad con los esfuerzos que estamos realizando los colombianos y colombianas para lograr la finalización del conflicto armado y para que se consolide una paz firme, democrática y duradera, así como el respaldo dado a la Defensoría del Pueblo de Colombia para que continúe sus importantes funciones en defensa, garantía y divulgación de los Derechos Humanos en el marco de la construcción de la paz.

Igualmente, quiero señalar que la realización de esta Cumbre ha sido posible gracias al apoyo decidido y la cooperación de la Agencia Internacional Alemana G I Z.  A ellos nuestra gratitud.

Nos honra Usted, Señor Presidente de la República, con su presencia, y hago propicia esta ocasión para manifestarle que la Defensoría del Pueblo ha encontrado en su talante republicano un apoyo decisivo para la tarea de promoción y defensa de los derechos humanos que la Carta Política ha confiado a nuestra institución.

Mientras nos encontramos reunidos aquí, miles de personas se encuentran sometidas a múltiples formas de violencia sexual, a horas interminables de trabajo sin remuneración, a la esclavitud, a la pérdida de sus órganos e incluso de su vida, al hambre, al frío, a la incertidumbre que mina el espíritu, a la distancia que los separa de sus familias y, en particular, al olvido e indiferencia de nuestra sociedad.

El drama humano que se esconde detrás de cada una de las víctimas de trata de personas y de aquellos que se han visto forzados a salir de sus lugares de origen es inimaginable y, a la vez, es un llamado de urgencia para que actuemos con eficacia y sin dilaciones.

Por este motivo, para la Defensoría del Pueblo de Colombia resulta trascendental ser la anfitriona de esta Cumbre, porque estamos convencidos de que el diálogo abierto y razonado que propicie nuestro foro contribuirá a la construcción de un saber compartido sobre las políticas que se deben adoptar para erradicar de manera definitiva la trata de personas y para asumir de manera apropiada y oportuna la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes.

Las democracias contemporáneas deben legitimarse con procesos electorales, con el respeto de la división del poder y con la garantía de los derechos de todas las personas. Por este motivo, nos honra usted señor Presidente de la República con su presencia, y hago propicia esta ocasión para agradecer en nombre de la Defensoría del Pueblo su encomiable compromiso y apoyo, y especialmente, el respeto que Usted ha mostrado siempre por la independencia de la acción defensorial en Colombia, hecho que honra la tradición institucionalista y democrática que le ha dado carácter a nuestra historia. 

El suyo, Señor Presidente, es un compromiso que no se ha limitado a una retórica discursiva, sino que puede constatarse en cuatro (4) escenarios que quiero mencionar brevemente y que hacen relación a un compromiso mayor con el derecho a la paz de todos los colombianos que comparte la Defensoría:

  • En primer lugar, quiero mencionar en este foro abierto el esfuerzo llevado a cabo por el Gobierno en el diseño, la confección, y luego, en los últimos 4 años, en la implementaciónpor parte de toda la institucionalidad de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, una ley que se creó con el fin de establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, que posibiliten hacer efectivo el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición. Sobre este tema, es importante destacar que hoy, en Colombia, gracias a esta Ley,  7’028.776 víctimas han sido inscritas como tales en el Registro Único de Víctimas. De estas, 503.618 víctimas del conflicto armado han recibido su reparación administrativa y, casi 2000 solicitudes de restitución cuentan ya con una sentencia judicial . Este panorama evidencia el compromiso del Estado Colombiano por responder al drama humano de aquellos que han padecido las consecuencias de la guerra interna en el país.

 

  • En segundo lugar, quiero destacar particularmente el esfuerzo del Gobierno Nacional por garantizar, en el actual proceso de negociación de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, como en ningún otro proceso de paz en el mundo, la participación de diferentes sectores de las víctimas.

Específicamente, el Gobierno ha procurado garantizar que víctimas de distinto origen y condición, como las mujeres, los pueblos étnicos y afrodescendientes, la población LGBT, defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas, sectores empresariales, académicos y religiosos, e incluso víctimas de otros grupos armados involucrados en el conflicto y miembros de la Fuerza Pública, se vean representadas y sean escuchadas en la mesa de diálogos. Esta situación además de reconocer el dolor y ubicar a las víctimas en el centro de los acuerdos, legitima este proceso de paz sobre el cual el mundo entero tiene sus ojos puestos.

  • En tercer lugar, es importante resaltar la forma en que el Gobierno Nacional ha destinado importantes recursos encaminados a fortalecer administrativa y financieramente aquellas instituciones que velan por la promoción y la protección de los derechos humanos en el país, como la Defensoría del Pueblo.

 

En concreto, el 10 de enero de 2014, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 025 a través del cual se reestructuró esta Entidad, con el fin de garantizar la presencia efectiva de la Defensoría del Pueblo, a través de las 36 Defensorías Regionales, en los 1.101 municipios de Colombia , especialmente, de cara a una eventual situación de pos-conflicto. Este tema es muy importante, si se tiene en cuenta que en los más de 20 años de creación de la Defensoría del Pueblo, nunca antes se había adoptado medida alguna encaminada a fortalecer esta Entidad, a pesar de la importancia de su trabajo y de la grave situación de violación de derechos humanos en el país durante las últimas décadas.

  • Por último, en cuarto lugar, quiero señalar que el fortalecimiento administrativo y financiero que ha recibido la Defensoría del Pueblo, en especial en los últimos dos años, no ha implicado el menoscabo de su autonomía ni de su independencia funcional. Esta Defensoría ha tenido plena libertad de ejercer su mandato, libre de presiones u hostigamientos. De hecho, la actual Defensoría del Pueblo,  en ejercicio de la Magistratura Moral, ha realizado fuertes cuestionamientos a funcionarios del Alto Gobierno. Por ejemplo, instándole a tomar medidas para erradicar la crisis humanitaria en el municipio de Buenaventura y en departamentos como el Chocó y La Guajira; a atender la caótica situación de hacinamiento en las cárceles, entre muchos otros, sin que ninguno de nuestros funcionarios haya sido cuestionado u hostigado por el cumplimiento de nuestra misión constitucional. Este panorama evidencia el respeto del sistema de pesos y contrapesos, valor central del constitucionalismo contemporáneo, en la institucionalidad colombiana.

 

La Cumbre que hoy nos convoca pretende abordar dos situaciones graves que siguen ensombreciendo el panorama de los países de Iberoamérica y que evidencian la dificultad que persiste para las poblaciones históricamente discriminadas en el ejercicio de sus derechos: por un lado, la trata de personas y por otro, las graves condiciones que enfrentan las personas migrantes, muchas de las cuales también han sido víctimas del tráfico humano.

Así, se tiene que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la trata de personas de 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las niñas y las mujeres continúan siendo los grupos poblacionales mayormente afectados por la trata de personas con fines de explotación sexual, y representan casi un tercio de las víctimas de trata con fines de trabajo forzoso . Esto evidencia que las medidas adoptadas para su protección aún son insuficientes y que para nosotros subsiste el reto de diseñar e implementar normas y políticas que conduzcan a su efectiva protección.

Si bien nuestras legislaciones progresivamente han tipificado como delito la trata de personas, en los términos señalados por el Protocolo de Palermo, y han puesto en marcha diversos programas para eliminar esta práctica y para atender a sus víctimas, la trata continúa siendo uno de los negocios más perversos y lucrativos en nuestras regiones, causando graves efectos sobre las vidas de sus víctimas y terribles impactos para  el conjunto de la sociedad.

Reconocer esta realidad, así como la generalidad y la sistematicidad con la que se comete este delito, y, la necesidad que tenemos de contar con mayores herramientas para su investigación y judicialización, nos lleva a reflexionar en esta Cumbre en torno a la necesidad del reconocimiento de la trata de personas como un delito de lesa humanidad.

Por su parte, las condiciones de privación de los más elementales derechos humanos a las que son sometidas aquellas personas que, por distintos motivos, han migrado de sus lugares de origen tras la aspiración de contar con mejores condiciones de subsistencia, debe ser motivo de nuestra preocupación.  A diario por nuestros territorios transitan miles de personas y familias que han emprendido largos viajes y que desafortunadamente no encuentran escenarios propicios para reconstruir sus proyectos de vida con calidad. Por el contrario, se ven enfrentadas a nuestra indiferencia y falta de solidaridad e inclusive a marcos jurídicos que los condenan por tener el anhelo legítimo de contar con un entorno que les permita vivir de la mejor manera.

En esta cumbre estamos convocados a reflexionar en torno a la criminalización de la migración porque constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan las y los migrantes y que por tanto, debe ser revisada en nuestras legislaciones y sociedades, como una manera de contribuir al reconocimiento y al ejercicio de sus derechos.

La trata de personas y la migración evidencian que la garantía y protección de los derechos humanos trasciende las fronteras y que se hace necesario un diálogo constante entre los distintos países que conduzca a la adopción de medidas conjuntas para la erradicación del tráfico humano, la debida atención de sus víctimas y el mejoramiento de las condiciones de las personas migrantes.   En ello nuestro papel como Instituciones Públicas de Derechos Humanos resulta fundamental.

Con este propósito, esperamos sinceramente que las conclusiones y recomendaciones a las que lleguemos en este encuentro sean socializadas con los Gobiernos, de manera que lleguen a ocupar un lugar central en las discusiones, incluso de organismos internacionales y escenarios multilaterales, para que desde estos se impulse la adopción de medidas transnacionales que contribuyan a la erradicación de dichos flagelos. Muchas gracias.